Defensores de DD.HH. contra pedido de la CIDH

Catalina Botero, exrelatora de la CIDH para la Libertad de Expresión y activista por los Derechos, se ofreció ante el Estado.

Tras la primera reacción del Gobierno, se han ofrecido a auspiciar al Estado por el tema Consejo de Participación. 

La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de pedir medidas provisionales a la Corte Interamericana, para proteger a los consejeros de Participación Ciudadana, ha indignado a los defensores de Derechos Humanos.

Incluso Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, calificó de “absurda” la solicitud y se ha ofrecido, junto a otros reconocidos abogados, para defender jurídicamente al Estado y los derechos de los ecuatorianos que votaron en la consulta popular y aprobaron el cese en funciones del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

El presidente, Lenín Moreno, convocó a reunión de todas las funciones del Estado la tarde de ayer, a fin de “expresar la unidad del país”, y también llamó al secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA), Luis Almagro, para decirle que “hará respetar el mandato popular”.

Almagro le respondió en Twitter:  “Hemos felicitado al presidente @Lenin Moreno por el triunfo electoral y por el compromiso democrático demostrado por el Pueblo e instituciones de #Ecuador. Los instrumentos interamericanos están al servicio justamente de la democracia y los pueblos @OEA_oficial”, escribió.

La canciller, María Fernanda Espinosa, llamó a consultas al embajador ante la OEA, José Valencia. Y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, declaró que la “CIDH no puede atentar contra voluntad del pueblo”.

‘Pedido improcedente’
El enfoque de los defensores de Derechos Humanos, sin embargo, es distinto y se centra en la necesidad de demostrarle jurídicamente a la Corte que el pedido de la CIDH es improcedente. “Me alienta que hay todavía un resquicio para dar la vuelta esto porque fue una decisión dividida”, argumenta el abogado Juan Pablo Albán, especialista en el tema, ya que tres de los siete comisionados habrían votado en contra del pedido. “Yo sí creo –agrega- que se puede hacer una buena defensa y lograr que la Corte niegue el pedido de medidas provisionales”.

“Lo que aquí está en juego es la institucionalidad del sistema interamericano”, agregó Albán, “cerrar filas en la defensa de la voluntad del pueblo ecuatoriano no implica desconocer la autoridad de la CIDH, todo lo contrario, implica resaltar la institucionalidad y defender que cuando la CIDH intervenga sea realmente cuando la situación lo amerita, y no por la presión política de alguna persona”.

El jurista cree que la academia y las organizaciones de Derechos Humanos deben presentar amicus curiae ante la Corte IDH. De hecho, conoce que algunas ya lo están preparando.

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, piensa que el Gobierno de Moreno no ha atinado a dar pasos adecuados. “Llamar a consulta al embajador en el momento en que Ecuador necesita más presencia allí es un error”, argumenta, y reitera que la situación no se soluciona llamando a Almagro ni pidiendo la unidad de los poderes del Estado. “Me parece que el ofrecimiento de nuestros colegas de defender jurídicamente al Estado debería ser aceptado. Ellos lo hacen por un deber cívico. Lo responsable por parte del Estado es construir un argumento suficientemente sólido que convenza a la Corte”, dice Daniela Salazar. Además de Botero y Albán, también Ramiro Ávila  y Farith Simon, otros dos reconocidos defensores de Derechos, han ofrecido sus servicios.

Análisis
Miño considera que los argumentos ecuatorianos son poderosos, en el sentido de destruir la argumentación jurídica en que la CIDH basa su pedido. La práctica normal frente a riesgos graves es que la CIDH emita medidas cautelares y, ante incumplimiento, pida a la Corte medidas provisionales. En este caso, se hizo directamente la solicitud a la Corte.

“En los casos donde se han justificado las medidas provisionales hay riesgos graves, urgentes y palpables a bienes jurídicos altamente protegidos, como la vida y la integridad de una persona o grupo”, explica, “para estos cinco consejeros de Participación Ciudadana no se visibiliza una situación de grave riesgo irreparable”.

De hecho, Albán mira que no hay una situación extrema, sino “una discusión sobre si un grupo de personas a quienes la ciudadanía les revocó su mandato deben o no quedarse sentados en sus escritorios”.

Simon, decano de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, ve que la decisión de la CIDH se basa en premisas falsas: que se ha violado el proceso constitucional para llamar a consulta y el incumplimiento del plazo que tenían los jueces de la Corte Constitucional  (CC) para pronunciarse. “Los jueces de la CC incumplieron el plazo que tenían. Ese plazo estaba dado por la aplicación de una Ley superior a un reglamento siempre inconstitucional”. Calificó de “parcial e incompleto” el análisis de la CIDH.

Sin embargo, piensa que no se puede intentar deslegitimar al organismo. “Alegar la soberanía estatal cuando no estamos de acuerdo con decisiones de organismos internacionales es repetir los vicios del correísmo, porque la voluntad popular no está sobre los Derechos Humanos”.

En su opinión, no es cuestión de desconocer la facultad de la CIDH, sino demostrar que no se justifica legalmente medidas provisionales para Ecuador. 

Vía La Hora

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