Misión ecuatoriana viaja a la Corte IDH

Lenín Moreno convocó ayer a los ministros de Estado y a los máximos representantes de las distintas funciones del Estado.

La delegación entregará en Costa Rica un texto firmado por las funciones del Estado.
Una delegación ecuatoriana viajará hoy a Costa Rica, a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para exponer los puntos de vista del Estado, en apego a la expresión popular en las urnas, durante la consulta del domingo 4 de febrero.

La comitiva estará integrada por la canciller María Fernanda Espinosa; Rosana Alvarado, ministra de Justicia; Miguel Carvajal, secretario de la Política; José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, además de miembros de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría.

Previamente, en el Palacio de Carondelet, se firmó una declaración que será entregada en la Corte Interamericana, además de los argumentos de descargo por parte del Estado ecuatoriano frente al pedido de medidas provisionales a favor del Consejo de Participación y Control Social (Cpccs), solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo adscrito a la OEA.

Documento
El referido documento dice: “Los presidentes y autoridades de las funciones del Estado reiteramos al país que el pronunciamiento emitido en las urnas el pasado 4 de febrero constituye una expresión clara y legítima de la voluntad del pueblo ecuatoriano, misma que debe ser respetada, defendida y garantizada conforme al marco constitucional y legal vigente”.

También habla de la importancia de fortalecer la “unidad y democratización del país en el marco de la autonomía e independencia de las funciones del Estado”.

Los firmantes son el presidente Lenín Moreno; Nubia Villacís, presidenta del CNE; José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional; María Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia; Cristhian Cruz, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Pablo Celi, contralor del Estado; Rafael Parreño, procurador del Estado subrogante, Nestor Arbito, delegado del Presidente ante el Consejo de la Judicatura; y Carlos Baca Mancheno, fiscal General.

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